Oposición culpa a Morena por secuestro de la periodista Roxana Guzmán
Por Juan Pablo Ojeda
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, ocurrido la mañana del 2 de junio en Nanchital, Veracruz, desató acusaciones directas de la oposición mexicana contra las administraciones del partido Morena. Un comando integrado por al menos tres hombres armados y encapuchados irrumpió de forma violenta en el domicilio de la comunicadora, ubicado en la colonia Primero de Mayo, para privarla de la libertad.
Las estadísticas de agresiones contra la prensa en la entidad federativa registraron una nueva incidencia tras el allanamiento del inmueble, donde los agresores derribaron el acceso principal. Los reportes técnicos del caso indican que la víctima logró transmitir y registrar en dispositivos móviles un fragmento del ataque antes de ser interrumpida por los captores. Hasta el momento, el despliegue operativo perimetral no reporta detenciones.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, fijaron posturas críticas que ligan el evento con deficiencias en la gestión de la seguridad nacional. Los representantes partidistas exigieron la presentación con vida de la reportera y responsabilizaron formalmente a la presidencia de la República y al gobierno estatal de Veracruz por la falta de garantías operativas para el ejercicio informativo.
El perfil profesional de Guzmán Ramírez se centraba en el periodismo ciudadano de cobertura regional, utilizando plataformas sociodigitales para difundir problemáticas comunitarias, infraestructura y seguridad en el sur de Veracruz. La reactivación de su labor informativa en la región ocurrió durante el presente ejercicio anual, tras haber permanecido fuera de la demarcación desde el año 2017 por razones de seguridad personal relacionadas con el homicidio de su cónyuge.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz notificó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad. El Ministerio Público local dispuso el despliegue de peritos y agentes de la Policía Ministerial para el levantamiento de indicios en la escena, coordinando acciones de rastreo con corporaciones federales adscritas a la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Organizaciones de la sociedad civil internacional, entre las que destaca Article 19 Oficina México y Centroamérica, urgieron a las autoridades ministeriales a integrar la actividad periodística de la víctima como la línea prioritaria de la indagatoria. La solicitud se fundamenta en las publicaciones recientes de la comunicadora, las cuales detallaban presuntas irregularidades administrativas y denuncias ciudadanas en el municipio de Nanchital.
El indicador de riesgo para el ejercicio periodístico en Veracruz mantiene al estado entre las regiones con mayores tasas de letalidad y agresiones hacia comunicadores en el continente. El marco institucional de protección a periodistas enfrenta cuestionamientos técnicos debido a la repetición de patrones de violencia en zonas suburbanas que carecen de infraestructura de vigilancia policial permanente.