Por Bruno Cortés
La crisis política en Sinaloa volvió a escalar en el Congreso. El diputado priista Mario Zamora Gastélum aseguró que su partido se negó a respaldar la designación de una gobernadora interina ligada, según dijo, a un grupo señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Aunque el PRI tiene una representación minoritaria en el Congreso sinaloense, Zamora sostuvo que su bancada decidió votar en contra para dejar una postura política clara: no acompañar decisiones que puedan aumentar la desconfianza ciudadana en medio de la crisis de seguridad que vive el estado.
El legislador fue enfático en algo importante: aseguró que los señalamientos no provienen de partidos políticos mexicanos, sino de autoridades estadounidenses. Y ahí está justamente uno de los puntos más delicados del debate actual. Cuando acusaciones internacionales entran al terreno político mexicano, el impacto va mucho más allá de una disputa partidista: afecta la percepción sobre la estabilidad institucional y la capacidad del gobierno para combatir al crimen.
En términos simples, lo que está ocurriendo en Sinaloa ya no se discute solo como un problema local. Se convirtió en un asunto de seguridad nacional y también de imagen internacional para México.
Mario Zamora advirtió que el estado atraviesa una coyuntura crítica. Su mensaje fue que Sinaloa está en un punto donde necesita cambiar el rumbo o corre el riesgo de perder generaciones enteras atrapadas entre violencia, inseguridad y falta de oportunidades.
Aquí entra un tema clave de políticas públicas: la construcción de paz. El diputado aseguró que sí es posible gobernar sin pactar con grupos criminales y puso como ejemplo a Coahuila, donde —según dijo— gobiernos priistas lograron reducir violencia mediante estrategias de seguridad e instituciones más sólidas.
Este tipo de declaraciones forman parte de un debate más amplio sobre cómo deben actuar los gobiernos frente al crimen organizado. Mientras algunos defienden estrategias centradas en programas sociales y atención a las causas, otros insisten en fortalecer corporaciones policiacas, inteligencia y acciones más contundentes del Estado.
El caso también exhibe cómo las decisiones políticas locales terminan impactando al Congreso federal. La discusión sobre Sinaloa ya ocupa espacio permanente en el Senado y en la Comisión Permanente, donde partidos de oposición buscan convertir el tema en un debate nacional sobre gobernabilidad y seguridad.
En paralelo, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, salió a cerrar otro frente político: aseguró que no existe ningún procedimiento pendiente contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido. Según explicó, todos los procesos judiciales relacionados ya fueron resueltos y cerrados por distintas instancias del Poder Judicial Federal.
Más allá de la confrontación política, el fondo del problema sigue siendo el mismo: la creciente presión sobre las instituciones mexicanas para demostrar que pueden enfrentar la inseguridad, responder a señalamientos internacionales y recuperar confianza ciudadana en estados golpeados por la violencia.
Y mientras eso ocurre, Sinaloa permanece en el centro de una discusión donde ya no solo se habla de política local, sino de estabilidad institucional, seguridad pública y credibilidad del Estado mexicano.
