Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó este jueves 14 de mayo de 2026 el inicio del proceso de retorno de las familias desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa, Guerrero. Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, informó que el operativo cuenta con el acompañamiento directo de fuerzas federales para garantizar la seguridad en los traslados hacia las comunidades de origen.
El despliegue operativo permitió el contacto inicial con 120 pobladores que se encontraban en situación de desplazamiento forzado. Según el reporte oficial, estas personas rechazaron el traslado a albergues temporales, optando por permanecer en sus territorios bajo el resguardo de la Guardia Nacional y el personal del Gobierno de México.
En el aspecto médico, las autoridades sanitarias reportaron el traslado de seis personas heridas a centros hospitalarios del municipio. Chilapa, que cuenta con una población aproximada de 120 mil habitantes, ha visto afectada su dinámica social tras días de parálisis en los accesos principales hacia la zona de la montaña.
El cese de los bloqueos viales, que impedían el flujo de suministros y personas, fue el factor determinante para iniciar el ingreso de las instituciones. El martes 12 de mayo se registró el primer acceso efectivo de los cuerpos de seguridad, tras jornadas de resistencia y obstrucción en las vías de comunicación terrestre.
Las comunidades de Cula, Cauca y Chicotal fueron identificadas como los puntos críticos de origen del desplazamiento. En estas zonas se reportaron daños estructurales derivados de la quema de viviendas y ataques directos contra la población civil, lo que obligó a una intervención técnica de evaluación de daños por parte del ejecutivo.
La logística de retorno incluye el uso de vehículos oficiales de carga y transporte de personal para movilizar las pertenencias de los habitantes. La Segob enfatizó que el apoyo institucional no se limita al traslado, sino que contempla la permanencia de destacamentos de seguridad en los perímetros habitacionales para evitar nuevos incidentes.
Este movimiento migratorio interno se da tras una semana de interrupción total de actividades económicas en la zona. El impacto cívico se traduce en la reactivación paulatina de servicios básicos y la reapertura de caminos rurales que conectan a la cabecera municipal con las zonas indígenas de la periferia.
