Por Juan Pablo Ojeda
El costo económico directo derivado de los actos de corrupción en México al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos ascendió a 17 mil 707 millones de pesos, de acuerdo con los resultados oficiales de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra global representa un impacto financiero promedio de 3 mil 865 pesos por cada ciudadano afectado por estas prácticas ilícitas en el territorio nacional.
El análisis estadístico del organismo autónomo detalla que el 15.6% de la población que mantuvo contacto con alguna autoridad gubernamental durante el año de estudio experimentó al menos un acto de corrupción de manera directa. Asimismo, el indicador de percepción revela que el 84.1% de los ciudadanos mayores de 18 años califica estas conductas como «frecuentes» dentro de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La base de datos de la Encig sitúa a las corporaciones policiacas como la institución peor evaluada en el país, con un 86.5% de la población urbana que considera corrupto su desempeño operativo. Este porcentaje coloca a los cuerpos de seguridad por encima de los partidos políticos, los cuales registran un nivel de desconfianza por sospecha de corrupción del 83.9% entre los encuestados.
En el renglón de la confianza institucional, el Inegi reporta una marcada asimetría entre el entorno privado y los órganos de procuración de justicia, ya que solo el 34.1% de los ciudadanos confía en los ministerios públicos o las fiscalías estatales. En contraste, el núcleo familiar se mantiene como la entidad con mayor nivel de certeza en la sociedad mexicana, alcanzando un respaldo aprobatorio del 84.8%.
Por otra parte, el sector educativo público destaca como uno de los pilares mejor ponderados en el muestreo nacional, donde las escuelas de nivel básico obtuvieron el 75.6% de confianza ciudadana, seguidas por las universidades con un 74.6%. Estos números reflejan la consistencia en la legitimidad de las instituciones académicas frente al desgaste observado en las ventanillas de atención administrativa y judicial.
Respecto a la evaluación general del entorno urbano, la Encig 2025 expone que únicamente el 47.2% de los habitantes de áreas metropolitanas se declara satisfecho con los servicios públicos básicos y bajo demanda. Los servicios que registran el estándar de aprobación más alto son la recolección de residuos sólidos con un 71.5%, y la distribución de agua potable, que alcanza un 43.4% de satisfacción.
Finalmente, el informe técnico del Inegi concluye que el transporte público en modalidades como autobuses urbanos, vans y microbuses, junto con el servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocupan los niveles más bajos de aprobación. Los promedios nacionales de satisfacción para estos rubros se tasaron en un 36.9% y 43.3% respectivamente, evidenciando el rezago material en las plataformas de atención masiva.
