Por Bruno Cortés
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, formalizó un acuerdo de coordinación operativa con el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, estableciendo el próximo mes de junio como la fecha límite para la ejecución de la siguiente mesa técnica de evaluación. El encuentro bilateral, desarrollado en las instalaciones de Palacio Nacional, fijó las pautas de cooperación institucional entre ambas naciones bajo un criterio de equidad soberana, excluyendo cualquier esquema de subordinación administrativa o policiaca.
Los indicadores técnicos presentados durante la sesión de trabajo detallaron el balance actual de la estrategia de seguridad mexicana en materia de contención de flujos migratorios y decomiso de estupefacientes. El desglose estadístico sirvió como fundamento para que la delegación estadounidense, encabezada por Mullin en su primer encuentro presencial desde que asumió el cargo en marzo de 2026, emitiera un reconocimiento formal a los resultados cuantitativos obtenidos por las corporaciones federales de nuestro país.
El marco normativo de la colaboración quedó circunscrito estrictamente a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inhabilitando de forma permanente la ejecución de operaciones de campo por parte de agentes extranjeros en territorio nacional. Esta precisión jurídica responde a las directrices de la política pública mexicana que restringen las facultades de agencias externas, un tema que cobró relevancia tras los incidentes operativos registrados recientemente en el estado de Chihuahua.
La agenda de trabajo bilateral incorporó un calendario de sesiones de alta frecuencia con el objetivo de prevenir asimetrías de información o malentendidos políticos entre los gabinetes de ambos países. El diseño de este mecanismo de seguimiento sistemático busca homologar los criterios de evaluación en los sectores de inteligencia delictiva y control de aduanas, sectores donde la interdependencia logística de la región fronteriza exige una comunicación sin intermediarios.
En el ámbito de la política migratoria, la administración federal priorizó la protección consular de los 38 millones de ciudadanos de origen mexicano que residen en el territorio de los Estados Unidos. La delegación mexicana expresó la necesidad de mantener canales diplomáticos abiertos frente a los operativos de control ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), evaluando el impacto económico y social de dichas medidas en las comunidades binacionales.
La representación del Gobierno de México estuvo integrada adicionalmente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Por parte de la delegación norteamericana, el embajador Ronald Douglas Johnson coordinó los requerimientos técnicos de la agenda, la cual excluyó de manera deliberada los asuntos relativos a procesos judiciales en curso que competen exclusivamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El balance de la balanza comercial y la seguridad regional sitúa a este encuentro como un paso estratégico para la estabilización de la frontera común, la cual registra una longitud de más de tres mil kilómetros. Los comités de especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México iniciarán las reuniones preparatorias previas al cumplimiento del compromiso institucional programado para el periodo estival.
