Defensa de Maru Campos acusa a Javier Corral de presionar a FGR
Por Juan Pablo Ojeda
El equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó formalmente al senador Javier Corral Jurado de instrumentalizar las instituciones de procuración de justicia federales para evadir las resoluciones de los tribunales locales. Durante la sesión suspendida en el Reclusorio Sur, los defensores denunciaron que la petición de atracción radicada ante la Fiscalía General de la República (FGR) busca un beneficio político directo mediante redes de influencia institucional.
Roberto Gil Zuarth, coordinador de la defensa de la mandataria chihuahuense, expuso a su llegada al Poder Judicial de la Ciudad de México que la estrategia de Corral Jurado pretende trasladar el expediente a la federación aprovechando su cercanía con funcionarios de la FGR. Los litigantes señalaron de forma particular a Ulises Lara, actual vocero de la institución federal, como el presunto operador para reabrir las indagatorias archivadas por el fuero común.
La defensa argumentó que existe un conflicto de interés derivado del cargo que ostenta Javier Corral como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. De acuerdo con el planteamiento de Gil Zuarth, esta posición parlamentaria resulta crítica en el contexto de la discusión de la reforma judicial, lo que ejerce una presión natural sobre los criterios normativos de los jueces y magistrados de control encargados del caso.
La representación de la gobernadora busca impedir que los órganos jurisdiccionales reabran una carpeta de investigación por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad que la Fiscalía capitalina ya determinó improcedente. Los abogados acusaron que la inasistencia del senador a la audiencia programada constituye una táctica de dilación para ganar tiempo mientras la FGR resuelve sobre la competencia del asunto.
Por separado, el abogado del senador, Javier Schütte, confirmó que la solicitud de atracción federal fue formalizada ante el ministerio público de la federación. El litigante justificó la medida señalando que la gravedad de las conductas denunciadas amerita la intervención de la fiscalía especial, rechazando que la promoción del recurso responda a motivaciones de índole partidista o de presión legislativa.
El juez de control a cargo del caso determinó que la inasistencia del promovente impedía el desahogo del debate de impugnación, reprogramando la cita legal para el 2 de junio. Esta resolución obliga a las partes a mantener el estatus quo del litigio, impidiendo que la Fiscalía de la Ciudad de México decrete el archivo definitivo absoluto del expediente hasta que se resuelva la controversia de competencia federal.
El marco de fiscalización de este caso se vincula directamente con los recursos públicos estatales objeto de la investigación original por corrupción en Chihuahua. La utilización de las fiscalías locales como arenas de confrontación política entre exgobernadores y mandatarios en funciones permanece bajo el análisis de observadores jurídicos, quienes advierten un riesgo de politización en el uso de las facultades de atracción de la FGR.