México y Estados Unidos crean grupo bilateral BIG para coordinar seguridad

Por Juan Pablo Ojeda
Los gobiernos de México y los Estados Unidos formalizaron la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), un mecanismo de coordinación operativa diseñado para centralizar las tareas de inteligencia y contención del crimen organizado transnacional. El acuerdo fue ratificado tras una reunión de trabajo entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el embajador estadounidense, Ronald Johnson, con el objetivo de establecer métricas estandarizadas en el combate al tráfico de narcóticos sintéticos y armamento.
La nueva estructura bilateral incorporará las capacidades técnicas de 15 agencias gubernamentales de la administración de Donald Trump, las cuales operarán en simetría con sus contrapartes de la administración de Claudia Sheinbaum. El diseño del BIG establece que la cooperación transitará de los acuerdos de entendimiento político hacia la ejecución de operativos con resultados cuantificables mensualmente, priorizando la neutralización de las redes de financiamiento ilícito y el robo de hidrocarburos.
El balance estadístico presentado por las delegaciones diplomáticas reporta una disminución del 95% en el flujo marítimo de estupefacientes con destino al mercado estadounidense. Esta reducción en los vectores de suministro coincide con una contracción del 35% en los decesos por sobredosis registrados en los Estados Unidos hacia el cierre del año previo, un indicador que las autoridades vinculan directamente con el incremento de los operativos de intercepción en los litorales mexicanos.
En el territorio nacional, las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas reportaron el aseguramiento acumulado de más de 400 toneladas métricas de drogas ilícitas. Asimismo, los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México constatan el desmantelamiento de 2,300 laboratorios clandestinos de procesamiento químico, afectando la capacidad de producción de los cárteles con presencia en el centro y pacífico del país.
Por su parte, las agencias de control fronterizo y aduanal de los Estados Unidos ejecutaron el decomiso de 36,000 armas de fuego ilegales antes de que cruzaran la frontera sur hacia territorio mexicano. El flujo de armamento hacia el sur constituye una de las variables críticas en el índice de homicidios dolosos en México, por lo que el BIG centrará sus primeros despliegues en los ocho puntos de cruce aduanal con mayor incidencia de contrabando.
En el ámbito migratorio, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos documentó el volumen más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en los últimos 55 años, registrando una reducción del 95% en comparación con las métricas de la administración anterior. El embajador Johnson confirmó que la política de cero liberaciones de migrantes en suelo estadounidense se mantendrá vigente como parte de los acuerdos operativos de seguridad fronteriza compartida.
La cooperación en materia de procuración de justicia alcanzó la cifra de 96 extradiciones y 92 transferencias de objetivos prioritarios a custodias federales estadounidenses bajo los lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional. Estos procedimientos incluyeron la entrega de cuatro de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), consolidando un canal de intercambio judicial que operará de forma permanente a través de la ventanilla única del BIG.
