PRI enfrenta impacto político por estatus migratorio de gobernador Esteban Villegas
Por Juan Pablo Ojeda
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó este miércoles su postura oficial ante el registro de una alerta administrativa en la visa estadounidense del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, delegó la responsabilidad del desahogo del procedimiento técnico al mandatario estatal, tras confirmarse las anomalías operativas detectadas en su último cruce fronterizo.
El caso cobró relevancia pública luego de que el propio Villegas Villarreal reconociera que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitieron una «alerta amarilla» en sus indicadores migratorios. El incidente derivó en la retención temporal del documento de viaje y una revisión secundaria en las oficinas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), abriendo un expediente de aclaración ante la sede consular de Monterrey.
La controversia modifica las variables estadísticas del discurso de fiscalización de la oposición, debido a que el bloque partidista utilizaba de forma recurrente los señalamientos de visados cancelados como un argumento de desgaste contra la coalición gobernante. El surgimiento de este caso al interior de las filas del PRI iguala las métricas de observación del servicio exterior sobre los mandatarios locales de las diversas fuerzas políticas.
Moreno Cárdenas precisó que, conforme a las revisiones internas del partido, no se cuenta con un registro de notificación oficial emitido por el Departamento de Estado que valide una revocación definitiva del permiso de internamiento del gobernador duranguense. El argumento de la dirigencia se sostiene en la ausencia de un dictamen de prohibición de ingreso formalizado por las vías diplomáticas regulares.
De acuerdo con los datos técnicos provistos por la oficina del Ejecutivo de Durango, el estatus actual del documento se encuentra sujeto a una validación por posible homonimia, un error recurrente en las bases de datos de control biométrico estadounidense. El mandatario estatal mantiene gestiones abiertas con los oficiales consulares en Nuevo León para la desactivación del indicador de riesgo que originó la retención.
La auditoría de las reacciones parlamentarias revela que seis diputados federales de la coalición opositora habían solicitado previamente revisiones puntuales sobre las visas de gobernadores de la llamada Cuarta Transformación. La incorporación de un cuadro priista a la lista de funcionarios con incidencias fronterizas neutraliza el balance del debate legislativo sobre la idoneidad y confiabilidad de los gobernantes ante agencias extranjeras.
El desahogo del expediente administrativo en Monterrey determinará si la alerta se mantiene de forma permanente en los sistemas de control de accesos de la Unión Americana o si se procede a la restitución plena de los derechos de tránsito. Por lo pronto, la estructura del PRI nacional ha determinado acotar el impacto mediático mediante el aislamiento del caso a la esfera personal y administrativa del funcionario afectado.