Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se empieza a perfilar una jugada económica de gran tamaño que, dicho en lenguaje sencillo, busca que haya más luz, más inversión y menos trabas para las empresas en los próximos años. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar salió a respaldar el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acelerar la inversión en el país, especialmente en energía, un sector clave para que funcione la industria.
La apuesta es grande: mover alrededor de 6 billones de pesos entre 2026 y 2030. Para ponerlo en contexto, eso significa abrir la puerta a proyectos que van desde nuevas plantas eléctricas hasta exploración de petróleo y gas. En términos de política pública, lo que se está buscando es garantizar que México tenga suficiente energía para sostener el crecimiento económico, porque sin electricidad suficiente, simplemente no hay fábricas, ni empleo, ni desarrollo.
Ramírez Cuéllar explicó que una de las claves será la inversión mixta, es decir, que el gobierno y las empresas privadas trabajen juntos. Esto no es menor, porque durante años ha habido debate sobre cuánto debe participar la iniciativa privada en el sector energético. Ahora, con la nueva Ley de Hidrocarburos, se abre la posibilidad de que ambos lados colaboren en proyectos, incluyendo la exploración de yacimientos no convencionales, siempre bajo नियम que —según dicen— buscarán cuidar el medio ambiente y asegurar ganancias justas.
Pero no todo es energía. Otro punto importante del paquete es dar certeza a quienes invierten. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno está prometiendo reglas claras: no habrá doble cobro de impuestos y tampoco cambios retroactivos en auditorías fiscales. Traducido: si una empresa invierte hoy, no le van a cambiar las reglas mañana sobre lo que ya hizo. Ese tipo de garantías suele ser clave para que tanto inversionistas mexicanos como extranjeros decidan poner su dinero en el país.
Además, se plantea simplificar trámites, algo que afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Hoy muchas de ellas enfrentan procesos largos y complicados para operar o crecer. La idea es recortar esos tiempos y facilitar cosas como la devolución de impuestos, especialmente el IVA, lo que mejora el flujo de dinero de los negocios.
En paralelo, el legislador dejó ver que no todo está centrado en lo económico. También se está discutiendo mover la elección judicial prevista para 2027 hacia 2028. Aquí el argumento es que no se trata solo de cambiar la fecha, sino de ajustar todo el sistema para que haya reglas más claras, menos candidatos en las boletas y campañas más transparentes. Es decir, ordenar el proceso antes de llevarlo a cabo.
Por su parte, el diputado José Armando Fernández Samaniego reforzó la idea de que estas reformas no solo buscan crecimiento, sino confianza. Desde su perspectiva, aplazar la elección judicial también ayudaría a construir un entorno más sólido para la inversión, donde no haya dudas sobre las reglas del juego.
En pocas palabras, lo que se está armando es una combinación de políticas públicas: energía suficiente para crecer, reglas fiscales más claras para invertir y ajustes institucionales para dar estabilidad. Todo bajo una lógica sencilla: si hay certeza y condiciones, llega el dinero; si llega el dinero, se mueve la economía. El reto, como siempre, será que estas promesas se traduzcan en resultados reales para la gente.
