Por Bruno Cortés
El conflicto político e institucional por el operativo de la CIA en el norte del país escaló tras el careo de información entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno del estado de Chihuahua. La confrontación de versiones institucionales comenzó cuando reportes federales confirmaron que la policía local brindó cobertura táctica a agentes estadounidenses en la región serrana de la entidad, un movimiento desconocido por el gabinete de seguridad federal.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó la postura del Estado al declarar que la presencia de agentes extranjeros sin el consentimiento explícito de la federación es inaceptable y violatoria de las leyes mexicanas. «La FGR tiene el caso en sus manos porque esto no es solo un asunto de diplomacia, es un tema penal de seguridad nacional», afirmó la mandataria durante su comparecencia ante los medios de comunicación públicos.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua defendieron el intercambio de información técnica con agencias norteamericanas, argumentando que las acciones se desarrollaron dentro del marco de los convenios de colaboración internacional para el combate al narcotráfico transfronterizo. No obstante, las autoridades estatales evitaron precisar ante los inspectores federales por qué omitieron registrar el operativo conjunto ante las instancias de la cancillería mexicana.
La investigación de la FGR incorporó las entrevistas realizadas a los elementos del Ejército Mexicano adscritos a la zona militar correspondiente, quienes confirmaron que acudieron al sitio únicamente tras recibir reportes de detonaciones de armas de fuego. Los militares declararon bajo protesta de decir verdad que al arribar al lugar del hallazgo del laboratorio, el personal de la CIA ya se había retirado en vehículos asignados a la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
El cruce de acusaciones involucra directamente al Senado de la República, donde las comisiones unidas de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores exigieron la comparecencia formal de los mandos policiales de Chihuahua. Los legisladores señalaron que existe un claro choque de fuerzas entre la política exterior centralizada del gobierno federal y las estrategias de seguridad que las administraciones estatales ejecutan de manera autónoma en la frontera.
La tensión se extendió al ámbito judicial tras la solicitud de la FGR para acceder a las comunicaciones internas y correos electrónicos de los mandos de la Agencia de Investigación Estatal de Chihuahua involucrados en el caso. Este requerimiento busca establecer si existió una instrucción directa por parte de los altos niveles del gobierno estatal para ocultar el despliegue de los agentes norteamericanos a las corporaciones federales.
El proceso penal se mantiene en la fase de desahogo de pruebas documentales, mientras la SRE espera la ampliación del informe técnico por parte de la Embajada de los Estados Unidos. La multiplicidad de testimonios recolectados por el ministerio público federal apunta a que el operativo en Chihuahua forma parte de un entramado de cooperación paralela que las autoridades locales mantuvieron oculto de los radares del sistema de seguridad nacional.
