Por Juan Pablo Ojeda
La administración federal exhibió este miércoles una discrepancia técnica en los protocolos de asignación de escoltas para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el despliegue responde a una petición formal del interesado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había sostenido previamente que la medida fue una disposición unilateral del gabinete de seguridad.
De acuerdo con los registros de la conferencia matutina de este 13 de mayo de 2026, la mandataria confirmó que Rocha Moya solicitó el esquema de protección tras un análisis de riesgo. Esta versión detalla que el procedimiento se ajustó a los estándares de atención para ciudadanos en situación de vulnerabilidad, validando la petición como una gestión administrativa directa del funcionario sinaloense.
No obstante, los datos contrastan con la declaración emitida por García Harfuch el pasado 4 de mayo. En aquella instancia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que no existió una solicitud por parte del gobernador, sino que el cuerpo de seguridad fue una recomendación técnica derivada del análisis de entorno realizado por las fuerzas federales.
La logística de seguridad asignada a Rocha Moya ocurre tras su separación del cargo el pasado 1 de mayo, fecha en que solicitó licencia temporal. Al perder la titularidad del Ejecutivo estatal, el funcionario también dejó de contar con el fuero constitucional, quedando sujeto a los procesos judiciales ordinarios y a las solicitudes de cooperación internacional vigentes.
Estadísticamente, el despliegue de protección federal en entidades con alta incidencia delictiva sigue protocolos de riesgo cuantificables. Sin embargo, la falta de coincidencia en el origen del recurso —si es a petición de parte o por oficio— genera una zona de opacidad en la bitácora de servicios de la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional, encargadas de la custodia.
El contexto de esta custodia se enmarca en la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es la primera vez en la historia reciente de la relación bilateral que un mandatario estatal mexicano enfrenta cargos penales directos en cortes estadounidenses mientras mantiene un esquema de protección del gobierno federal de su país.
La ausencia de una aclaración conjunta deja en el aire la validez de los procedimientos internos del gabinete de seguridad. Mientras las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se unifican, la discrepancia administrativa entre la Presidencia y la SSPC permanece como un dato sin resolver en la cronología oficial del caso Sinaloa.
