Por Juan Pablo Ojeda
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó la validez jurídica de la elección gubernamental de 2021 en Sinaloa, proceso en el cual Rubén Rocha Moya resultó electo. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el triunfo fue certificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Según el registro de la autoridad electoral, no se presentaron pruebas materiales que acreditaran irregularidades o coacción durante la jornada.
La mandataria enfatizó que el sistema de fiscalización y validación operó bajo los parámetros legales vigentes de la época. En términos estadísticos y procedimentales, el Tribunal dictó sentencia definitiva sin encontrar elementos que pusieran en duda la voluntad popular expresada en las urnas. Para el Ejecutivo Federal, la ausencia de resoluciones judiciales en contra del proceso constituye la prueba máxima de su legitimidad institucional.
Un dato técnico relevante aportado por Sheinbaum es la temporalidad de los organismos autónomos. Durante los comicios de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) era presidido por Lorenzo Córdova Vianello. La Presidenta señaló que, bajo esa administración, no se emitieron alertas ni se integraron expedientes que documentaran una supuesta intervención del crimen organizado en el flujo de votos.
La jefa del Ejecutivo cuestionó la aparición de señalamientos cinco años después de la validación oficial. En su análisis, el desfase temporal entre la certificación legal de 2021 y las acusaciones actuales de la justicia estadounidense debilita el rigor de los cuestionamientos. Hasta el cierre del ciclo electoral de aquel año, la cadena de custodia y el cómputo distrital se mantuvieron dentro de la norma.
En cuanto a la vía penal, no existen registros de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) que vinculen el resultado electoral con financiamiento ilícito o violencia sistemática. La Presidenta reiteró que la justicia mexicana es la única instancia con facultad para evaluar la soberanía de sus procesos internos. El caso, por tanto, se considera cosa juzgada desde la óptica del derecho electoral mexicano.
Respecto a las notas informativas provenientes de Estados Unidos, la administración federal sostiene que tales versiones carecen de sustento en la ley mexicana. El proceso de 2021 cumplió con todas las fases de la pirámide jurídica: desde la instalación de casillas hasta la entrega de la constancia de mayoría. Cualquier duda sobrepasada esta fase se enfrenta a la inexistencia de impugnaciones registradas en tiempo y forma.
Finalmente, el gobierno federal mantiene su respaldo a las instituciones que calificaron la elección. Sheinbaum puntualizó que, de haber existido «manchas» por violencia, la autoridad electoral de 2021 habría tenido la obligación de actuar. Al no ocurrir, el Estado mexicano cierra filas en torno a la constitucionalidad de la gubernatura sinaloense.
