Suprema Corte revisa amparo sobre eutanasia impulsado por Samara Martínez
Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación incluyó en su agenda de la presente semana el análisis de un expediente que impugna la validez constitucional de diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de eutanasia activa. El recurso legal fue promovido por una paciente diagnosticada con cáncer terminal, cuyo objetivo jurídico es revertir las prohibiciones vigentes que impiden el acceso a procedimientos de asistencia médica para morir dentro de las instituciones del Sistema National de Salud.
El Pleno del máximo tribunal del país determinará si mantiene la facultad de atracción para resolver las implicaciones del amparo o si el expediente se devuelve a un tribunal colegiado de circuito para continuar su trámite procesal. Esta primera resolución judicial no se pronunciará sobre la legalidad del fondo del procedimiento médico, sino que establecerá de manera estricta la ruta técnico-procesal que normará los litigios de muerte asistida en el territorio mexicano.
El marco normativo vigente en la Ley General de Salud prohíbe explícitamente cualquier acción que acelere deliberadamente el deceso de un paciente, limitando la actuación médica a los cuidados paliativos previstos en la Ley de Voluntad Anticipada. La promovente señala en su argumentación que dichas restricciones vulneran de manera directa el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a una vida digna, los cuales están respaldados por convenios internacionales firmados por el Estado.
De forma paralela al proceso judicial, organizaciones de la sociedad civil iniciaron el proceso formal de recolección de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana denominada Ley Trasciende. Esta propuesta técnica busca reformar los protocolos sanitarios federales para autorizar el suministro de fármacos letales a personas adultas con diagnósticos médicos irreversibles. El mecanismo requiere el apoyo del 0.13% de la lista nominal de electores para ser discutido obligatoriamente en el Congreso.
La iniciativa civil es encabezada por la activista Samara Martínez, paciente con diagnóstico de enfermedad renal terminal, en colaboración con las organizaciones Coalición Muerte Digna Ya y la asociación Libertad para Morir. Los promotores plantean que el financiamiento y la ejecución de estos procedimientos deben integrarse al catálogo de servicios públicos de salud, garantizando la infraestructura clínica necesaria para supervisar cada solicitud de manera estricta.
El diseño del proyecto técnico de la Ley Trasciende prevé la creación de comisiones interdisciplinarias de evaluación médica y bioética en cada entidad federativa. Estas comisiones tendrán la función deauditar que las solicitudes provengan exclusivamente de pacientes con padecimientos que generen un sufrimiento físico intolerable y que carezcan de alternativas de tratamiento. Los médicos tratantes quedarían protegidos bajo esquemas regulados de objeción de conciencia.
El debate legislativo y judicial ocurre en un contexto de disparidad regional respecto a la normatividad de la muerte digna. Mientras catorce entidades federativas en México cuentan con leyes específicas de voluntad anticipada que permiten suspender tratamientos inútiles para prolongar la vida de forma artificial, la eutanasia activa sigue tipificada en el Código Penal Federal como homicidio por piedad, con sanciones que oscilan entre los dos y cinco años de prisión.